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Buscan ampliar apoyo financiero a víctimas de delito

Por Redacción The LatinOH

El fiscal general de Ohio, Dave Yost, se unió este lunes a una coalición de fiscales generales estatales y territoriales que representan a los 50 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de Estados Unidos, instando al Congreso a adoptar cambios claves en la Ley de Víctimas del Crimen que proporcionan apoyo financiero a las víctimas de delitos violentos y sus familias.

En una carta a los líderes del Congreso, los fiscales generales piden al Congreso que adopte cambios en el Fondo para Víctimas del Crimen, un fondo nacional que apoya los programas estatales de servicios para víctimas. Las recomendaciones, estabilizarán las finanzas del fondo y brindarán más flexibilidad a los beneficiarios que brindan servicios a las víctimas y sus familias.

“Se requieren soluciones inmediatas para asegurar la viabilidad a largo plazo de este fondo que ofrece a las víctimas de delitos una mano amiga en quizás el punto más vulnerable de sus vidas”, dijo Yost. «La solidez financiera del fondo es fundamental para garantizar que todos los habitantes de Ohio tengan acceso a la ayuda que necesitan».

El fondo, establecido por la Ley de Víctimas del Crimen de 1984 (VOCA), es la principal fuente de financiamiento para los servicios a las víctimas en los EE. UU. Los depósitos al fondo se originan a partir de multas penales, fianzas confiscadas, sanciones y evaluaciones especiales cobradas por las oficinas de los fiscales de EE. UU., tribunales federales y la Oficina Federal de Prisiones.

El fondo cubre los gastos de los servicios directos esenciales y el apoyo a las víctimas y sobrevivientes después de un delito, incluida la atención médica, el asesoramiento sobre salud mental, la pérdida de salarios, la defensa en los tribunales y la vivienda temporal.

«La salud del Fondo para Víctimas del Crimen está en riesgo. En 2015, el Congreso aumentó el límite de las distribuciones, lo que permitió que 2,5 millones de víctimas más recibieran apoyo. Según la carta, si bien «los depósitos han disminuido drásticamente en los últimos años debido a una disminución en las multas y sanciones recuperadas de los casos penales federales, los retiros han aumentado a un ritmo rápido,» expresó Yost.

La coalición hace tres recomendaciones para promover la sostenibilidad del fondo y preservar el acceso a programas y servicios:

Redirigir las multas y tarifas de los acuerdos corporativos diferidos y de no enjuiciamiento al fondo: el Departamento de Justicia utiliza cada vez más acuerdos diferidos y de no enjuiciamiento para resolver la mala conducta corporativa. Los fiscales generales piden al Congreso que redirija estos depósitos al fondo. En 2018 y 2019, las recuperaciones resultantes de estos acuerdos fueron de aproximadamente $ 8 mil millones cada año.

Aumentar la tasa de reembolso federal a los estados por programas de compensación para víctimas: el fondo reembolsa actualmente los programas estatales que brindan asistencia financiera a las víctimas a una tasa del 60%, el resto generalmente se financia con multas y tarifas en los tribunales estatales. La carta recomienda que el Congreso reembolse los programas estatales a una tasa del 75%.

Ampliar la cantidad de tiempo que se pueden gastar los fondos de VOCA: VOCA requiere que los beneficiarios gasten las subvenciones dentro de un período de cuatro años. La coalición le pide al Congreso que extienda el período de financiación para que las organizaciones estatales y locales puedan planificar y predecir mejor la financiación de los servicios a largo plazo.

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